Expuestas al acoso y maltrato de sus similares de puestos fijos, cobros fuera de norma, la incautación de su mercadería y el tráfico vehicular, luchan cotidianamente por subsistir a través de sus actividades comerciales.
El comercio ambulante frecuenta las calles y avenidas de la Ceja buscando vender su producto hasta las 15:00. A partir de esa hora se dispersa por otras zonas de la ciudad para proseguir sus actividades, comenta Grover Aruquipa, de 49 años, quien se dedica a la venta de estuches para bolígrafos. “La gendarmería de la alcaldía nos quita nuestros productos y nos botan a la hora que ellos quieren. Normalmente pasan por este lugar para decirnos que nos retiremos. Nos tenemos que retirar de buenas y volver a las 5 de la tarde porque esa es la hora en que las afiliadas nos dejan vender “, explica haciendo referencia a sus actividades en inmediaciones de la Alcaldía Quemada.
Don Martin Castro, de 25 años, vendedor de especias, también se queja por el trato de los funcionarios municipales. “Yo trabajo con mi carrito. En muchas ocasiones me lo han tumbado. Los encargados de la organización de la calle la (alcaldía) dan órdenes de ambulación siempre y cuando se transite por las aceras; pero caminar por las aceras no es posible. En ellas se ubican carteles de publicidad, maniquís, mostradores y peatones que imposibilitan cumplir la normativa” señaló.
No obstante, hay algunos lugares de la Ceja que posibilitan la permanencia ambulatoria de vendedores, siempre y cuando paguen su estadía. “Quienes hacen este cobro son las afiliadas o los encargados de seguridad privada, quienes son pagados por las mismas afiliadas. El derecho de tránsito es de 1 Boliviano. El dinero recaudado se reparte entre las mismas vendedoras“ indica Denisse Mercedes Guachalla, vendedora ambulante de utensilios de cocina.
Los sitios administrados por comerciantes asociadas, sin embargo, no son el sinónimo de seguridad para quien no cumple con los pagos. En muchos casos, los encargados de seguridad o las propias afiliadas decomisan las mercaderías. Pamela Villca, vendedora ambulante desde hace 6 años se ha establecido en el sector de la calle Tiwanacu. “Sólo los domingos me cobran 4 Bolivianos por vender. Cuando hay batidas me quitan una o dos prendas. Tengo que recuperarlas pagando 1.50 Bolivianos por cada prenda a la misma asociación”
Ante la presión de los gendarmes municipales y de las asociaciones de vendedoras, las ambulantes han optado por agruparse. “Las vendedoras ambulantes tenemos nuestro sindicato por rubros y estos son elegidos cada aniversario del sindicato. Nos cobran 15 Bolivianos para la patente, cada mes. Eso debe ser para la alcaldía” señaló Pamela Villca. Isidora Mamani, del sindicato 24 de septiembre, complementa que los sindicatos de ambulantes hacen negociaciones con las dirigentes de otras asociaciones para que se les permita estar en un sector, con la condición de moverse y no quedarse en un solo lugar. “los dirigentes no tienen un lugar de ubicación como las afiliadas, es por eso que no todos sabemos quienes son”, afirma.
El encargado de asentamientos de la alcaldía, Eduardo Oropeza, sostiene que en el área del distrito uno se tiene entre 76 a 78 asociaciones que cuentan con ordenanzas municipales para realizar sus actividades. En la sección del puente, la Tiwanacu, 5 de enero, Antofagasta, 6 de marzo, Sagrado Corazón de Jesús, y otros, se tienen por lo menos 200 afiliados, informa. El gobierno municipal, emite ordenanzas para aprobar nuevos asentamientos de vendedores, a través del Concejo. El problema es que la actividad de muchos ambulantes no está registrada ni es legal. “evitamos el asentamiento por medio de operativos. Cuando existen controles, batidas siempre se considera que el comerciante tiene que tener una fotocopia del pago de su patente , para que no se los confunda con un vendedor ambulante, el municipio no puede realizar ningún cobro, ya que estaríamos dando ilegalidad a algo ilegal. Estaríamos desconociendo la ordenanza municipal y el convenio con las asociaciones” argumentó.
Giovana
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